Pues bien, esta responsabilidad patrimonial del Estado puede solicitarse, en principio, por una doble vía:

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“VIA EXTRAORDINARIA” DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO LEGISLADOR PARA RECLAMAR LA DEVOLUCION ÍNTEGRA DE LO

PAGADO POR EL LLAMADO “CÉNTIMO SANITARIO”: SUS POSIBILIDADES DE ÉXITO

I. INTRODUCCIÓN

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado la sentencia de 27 de febrero de 2.014, en el asunto C-82/12, estableciendo que el coloquialmente llamado “céntimo sanitario” (o, más técnicamente, el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos), no es conforme con el derecho de la UE por contravenir lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 92/12/CEE.

Como resultado de lo establecido en la propia sentencia, al no limitar ésta la retroactividad de sus propios efectos, existe una responsabilidad patrimonial del Estado frente a los que hubieren abonado indebidamente el impuesto ilegal, los cuales podrán solicitar la devolución de lo pagado indebidamente (lo que implicará, también, para la Administración la obligación de abono de los correspondientes intereses de demora). Además, no solo podrán pretender la devolución quienes hubieran reclamado con anterioridad a dictarse la sentencia sino, incluso, aquellos que no lo hubieran hecho.

Pues bien, esta responsabilidad patrimonial del Estado puede solicitarse, en principio, por una doble vía:

- La vía “ordinaria” de seguir el procedimiento administrativo tributario establecido por la Ley General Tributaria y sus normas de desarrollo para la devolución de los ingresos indebidos1. Por esta vía no podrá solicitarse la devolución de lo indebidamente ingresado en ejercicios fiscales prescritos (4 años), salvo que se hubiera impugnando el acto con anterioridad y los procedimientos se encuentren vivos. Por tanto, se podría solicitar la devolución de lo ingresado entre los años 2.010 y 2.012.

- La vía “extraordinaria”, también administrativa –inicialmente-, de ejercer la acción de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública –en su manifestación de responsabilidad del Estado Legislador- con el objetivo de conseguir la reparación íntegra de los daños y perjuicios ocasionados, y no solo la devolución de los ingresos indebidamente pagados a la Hacienda Pública en ejercicios fiscales no prescritos. Para poder ejercitar esta vía existe un plazo de un año a contar desde la publicación de la

1 -

Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio (BOE del 5 de septiembre).

- Reglamento General de desarrollo de la Ley General Tributaria en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo (BOE del 27 de mayo y 30 de junio).

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sentencia del TJUE de de 27 de febrero de 2.014. Por tanto, se podría solicitar la devolución de lo ingresado entre los años 2.002 y 2.012.

Para acudir a la vía “ordinaria” la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha habilitado, con carácter voluntario, un canal para iniciar el procedimiento vía telemática de la devolución del “céntimo sanitario” pagado (indebidamente) en períodos no prescritos y que se encuentra en el siguiente vínculo:

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Impuest os_y_Tasas/II_EE__Devoluciones/IIEE__Devolucion_especial_IVMDH_/IIEE__Devolucion _especial_IVMDH_.shtml

II. LAS POSIBILIDADES DE EXISTO EN CASO DE ACUDIR A LA VIA EXTRAORDINARIA PARA LA RECLAMACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO LEGISLADOR

En la página web a la que lleva el referido vínculo relativo al canal de devolución por vía telemática – en el apartado “preguntas más frecuentes”- la Administración del Estado, a través de la AEAT, ya anticipa cual va a ser su posición frente a una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado legislador por la “vía extraordinaria”, al objeto de intentar conseguir la reparación íntegra de los daños y perjuicios ocasionados, y no solo la devolución de los ingresos indebidamente pagados a la Hacienda Pública en ejercicios fiscales no prescritos. En concreto, la AEAT ha manifestado lo siguiente:

“…

13 ¿Puedo obtener la devolución de cualquier cantidad soportada del IVMDH a lo largo de todo su período de vigencia, esto es, entre los años 2002 y 2012?

No, puesto que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea admite plazos de prescripción por razones de seguridad jurídica (sentencias de 17 de noviembre de 1998 C-228/96, de 9 de febrero de 1999 C-343/96 o de 11 de julio de 2002, C-62/00).

La Resolución 2/2005, de 14 de noviembre (BOE del 22) de la Dirección General de Tributos, sobre la incidencia en el derecho a la deducción en el Impuesto sobre el Valor Añadido de la percepción de subvenciones no vinculadas al precio de las operaciones a partir de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 6 de octubre de 2005, concluía en su punto VII que la sentencia del Tribunal tenía un efecto retroactivo limitado a las situaciones jurídicas a las que sea aplicable y respecto de las que no haya cosa juzgada, prescripción, caducidad o efectos similares, respetando, por tanto, las situaciones jurídicas firmes. Estas consideraciones se entienden aplicables al supuesto actual.

Aplicando los plazos generales de prescripción previstos por la Ley General Tributaria, las solicitudes que se formulen no podrán afectar a cantidades suministradas en períodos anteriores a 2010, salvo que para dichos períodos se acredite la interrupción de la prescripción.

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Pues bien, esta posición de la AEAT, que supone la inviabilidad de obtener la reparación íntegra de los daños y perjuicios ocasionados, no se ajusta a la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) establecida a partir de las –tres- sentencias dictadas el 17 de septiembre de 2.010, por la Sección Sexta de la Sala Tercera, a través de las cuales el alto tribunal cambió su inicial doctrina como consecuencia de lo dispuesto en la sentencia del TJUE de 26 de enero de 2.010 dictada en respuesta a una cuestión prejudicial, precisamente elevada por el referido alto tribunal español.

Efectivamente, a partir de las citadas sentencias de 17 de septiembre de 2.010 el TS ha dejado de exigir que para que pudiera prosperar la reclamación por responsabilidad del Estado Legislador al vulnerar una norma de la UE se diera como requisito, como exigía antes, que el particular no hubiese consentido el acto de aplicación de la norma contraria al Derecho de la UE2. La falta de exigencia de tal requisito traía causa de lo dispuesto en la citada sentencia del TJUE de 26 de enero de 2.010 y venía impuesta por ésta por el simple hecho de que el mismo TS no exigía tal requisito cuando se reclamaba una responsabilidad del Estado Legislador al vulnerar la Constitución Española con sus propias Leyes internas, lo cual incumplía el

principio comunitario de equivalencia, con arreglo al cual “los procedimientos internos para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la infracción del Derecho de la UE no pueden imponer exigencias más rigurosas que las previstas en los procedimientos para exigir responsabilidad por infracción de las normas nacionales”.

Por otra parte, mientras en la mayoría de los Estado miembros de la UE, para poder ejercitar la acción de responsabilidad patrimonial contra el Estado en cuestión, se aplican plazos internos de prescripción por razones de seguridad jurídica, computables desde que se efectuaron los actos dañosos y cuya aplicación expresamente es admitida por el TJUE -como acertadamente ha apuntado la propia AEAT, (sentencias de 17 de noviembre de 1998 C-228/96, de 9 de febrero de 1999 C-343/96 o de 11 de julio de 2002, C-62/00)-, sin embargo, ello no es posible en España desde el mismo momento en que la jurisprudencia del TS sobre la responsabilidad patrimonial del Estado por Leyes inconstitucionales rechaza tales plazos computables desde el acto que ha generado el daño, admitiendo que los mismos se inicien desde que se publica la sentencia del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalidad de la Ley, lo que supone, por aplicación del citado principio comunitario de equivalencia, que deba aplicarse ese mismo régimen favorable para las reclamaciones de indemnizaciones como consecuencia de la vulneración del Derecho de la UE por las Leyes nacionales españolas.

Por tanto, a la vista de esta jurisprudencia -recogida recientemente en la sentencia del TS de 4 de febrero de 2.014-, las reclamaciones que se cursen utilizando la que hemos denominado

2 No obstante, entre otras, las sentencias del TS de 2 de octubre de 2.012, 20 de noviembre de 2.013 y 4 de febrero de 2.014 sí exigen para reconocer un derecho de indemnización que: 1º) la norma jurídica violada tenga por objeto conferir derechos a los particulares, 2º) que la violación esté suficientemente caracterizada, y, por último, 3ª) que exista una relación de causalidad directa entre la infracción de la obligación que incumbe al Estado y el daño sufrido por la victima. Estos tres requisitos se cumplen en el caso en cuestión.

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“vía extraordinaria” deberían perfectamente prosperar, si no en vía administrativa –por el posicionamiento anunciado de la AEAT- sí en la vía judicial.

No obstante lo expuesto, es necesario tener presente que el TS podría, fundadamente, variar dicha línea jurisprudencial, lo cual podría venir dado teniendo en cuenta: a) que la jurisprudencia indicada del TS ha sido fuertemente criticada por relevantes autores, que la ven muy poco consistente; b) que la misma se aleja de la normativa que establecen la mayoría de los Estados miembros, que aplican plazos internos de prescripción por razones de seguridad jurídica; y c) que la aplicación de dicha jurisprudencia al caso concreto puede resultar especialmente gravosa para el Estado, que ha de asumir el pago de unas indemnizaciones cuyo monto puede ser desorbitado.

Por otra parte, dado que la Administración del Estado ya ha declarado que no va a estimar la reclamación por la “vía extraordinaria” y, por tanto, que inicialmente se negará a reconocer la reparación íntegra de los daños y perjuicios ocasionados por responsabilidad patrimonial del Estado Legislador, el reclamante deberá agotar la fase procedimental administrativa para, posteriormente, acudir a la vía judicial, por lo que, atendiendo a la falta de seguridad plena de que se estime su demanda judicial, debe valorar el costo inicial que ello conlleva.

III. CONCLUSIONES

Sobre la base de lo expuesto se pueden sacar las siguientes conclusiones:

- La Administración del Estado, tal y como ya ha anunciado la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), no va a resolver favorablemente las reclamaciones administrativas que, para el resarcimiento pleno de todos los importes pagados por el denominado “céntimo sanitario”, se presenten por la “vía extraordinaria”, en cuanto entiende que “la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea admite plazos de prescripción por razones de seguridad jurídica.”

- Ello va a dar lugar a que los obligados que soportaron la repercusión del impuesto y que quieran obtener la reparación íntegra de los daños y perjuicios ocasionados por la aplicación del denominado “céntimo sanitario” -y no sólo la devolución de los ingresos indebidamente pagados a la Hacienda Pública en ejercicios fiscales no prescritos-, tengan que acudir a la vía judicial, una vez hayan agotado la preceptiva vía administrativa previa.

- En fase judicial, la jurisprudencia actual del TS al respecto es favorable a reconocer la reparación íntegra de los daños y perjuicios ocasionados con ocasión de la vulneración por la normativa nacional del Derecho de la UE, en cuanto que rechaza que los plazos de prescripción se computen desde que se produce el acto que ha generado el daño, debiendo computarse tales plazos, según dicha jurisprudencia, desde que se publica la sentencia del TJUE, por lo que las reclamaciones que se cursen por la que hemos denominado “vía extraordinaria” deberían, cabalmente y en principio, prosperar en fase judicial, siempre que

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los reclamantes interpongan la reclamación en el plazo de un año a contar desde la publicación de la sentencia del TJUE de 27 de febrero de 2.014.

- No obstante lo expuesto, no sería de extrañar que en dicha vía judicial, se viera una oportunidad para cambiar la heterodoxa jurisprudencia del TS, teniendo en cuenta: a) que la jurisprudencia indicada del TS ha sido fuertemente criticada por relevantes autores, que la ve muy poco consistente; b) que la misma se aleja de la normativa que establecen la mayoría de los Estados miembros de la UE, que aplican plazos internos de prescripción desde el momento en que se produce el acto dañoso por razones de seguridad jurídica; y c) que la aplicación de dicha jurisprudencia al caso concreto puede resultar especialmente gravosa para el Estado, que ha de asumir el pago de unas indemnizaciones cuyo monto puede ser desorbitado.

--- Marzo, 2014 ---

Lo redactado en la presente Nota, salvo error u omisión involuntarios, constituye la opinión jurídica de su autor; la cual somete gustosamente a cualquier otra mejor fundada en derecho y subordina al mejor criterio que, en su caso, la jurisprudencia pudiese establecer en el futuro.

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