RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

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RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Fuentes: arts. 6º y 7º C.P.R.; arts. 3º, 7º, 15 y 18 Ley Nº 18.575; art. 119 y ss. Estatuto Administrativo y art. 153 DFL (G) Nº 1, de 1997.

Profesor Patricio Latorre Vivar. Escuela de Derecho

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

RESPONSABILIDAD

 

DE

 

LOS

 

FUNCIONARIOS

 

PÚBLICOS

Clases:

a)

Responsabilidad

 

civil.

b)

Responsabilidad

 

penal.

c)

Responsabilidad

 

política.

d)

Responsabilidad

 

administrativa.

RESPONSABILIDAD

 

CIVIL

 

CONCEPTO: es aquella en que incurre un funcionario público cuando en el ejercicio o con ocasión del desempeño de una función pública lleva a el ejercicio o con ocasión del desempeño de una función pública, lleva a cabo una acción u omisión dolosa o culposa que produce un daño al patrimonio de la Administración del Estado.

PROCEDIMIENTO: se hace efectiva ante el Juzgado de Cuentas, mediante el juicio de cuentas, o ante los Tribunales Ordinarios, según los casos.

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RESPONSABILIDAD

 

PENAL

CONCEPTO:es aquella que se configura cuando un funcionario público, actuando en el ejercicio de una función pública lleva a cabo actos u actuando en el ejercicio de una función pública, lleva a cabo actos u omisiones constitutivos de un delito.

PROCEDIMIENTO: se hace efectiva ante los Tribunales Ordinarios con competencia penal y de acuerdo al procedimiento que los rige.

RESPONSABILIDAD

 

POLITICA

CONCEPTO:es aquella que afecta a las autoridades y funcionarios previstos en el artículo 52 N° 2 de la Constitución Política de la República previstos en el artículo 52 N 2 de la Constitución Política de la República, cuando incurren en los actos u omisiones que se contemplan respecto de cada uno de ellos en dicha disposición.

PROCEDIMIENTO: Se hace efectiva mediante Juicio Político, en virtud de la acusación que debe formular la Cámara de Diputados y el juzgamiento que lleva a cabo el Senado.

RESPONSABILIDAD

 

ADMINISTRATIVA

CONCEPTO: es aquella en que incurre el funcionario público que

incumple una obligación o infringe una prohibición y ello se encuentra sancionado con una medida disciplinaria.

CARACTERISTICAS:

9 se origina en una falta administrativa.

9 da lugar a la imposición de una sanción administrativa. 9 se hace efectiva a través de un procedimiento administrativo. 9 es independiente de otras responsabilidades.

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FALTA

 

ADMINISTRATIVA

• Se produce cuando se infringe o contraviene una obligación o deber funcionario.

• La gravedad de la falta incide en: ¾ el procedimiento aplicable. ¾ la entidad de la sanción a aplicar.

LA

 

SANCIÓN

 

ADMINISTRATIVA

• Deriva del ejercicio de la potestad disciplinaria.

• Requiere que sea establecida por una norma.

• Se impone a través de un acto administrativo reglado. * la norma dispone quien lo dicta * la norma dispone cuando se dicta * la norma dispone cómo se dicta * la norma dispone sus efectos

• El tipo de sanción a aplicar lo determina la autoridad, según gravedad de los hechos.

EL

 

PROCEDIMIENTO

 

DISCIPLINARIO

• La sanción siempre debe imponerse a través de un procedimiento administrativo.

• El procedimiento es reglado y debe ser fijado por la ley o con autorización • El procedimiento es reglado y debe ser fijado por la ley o con autorización

de ella: improcedencia de considerar trámites o actuaciones diversas. • Existe un procedimiento general y procedimientos especiales. (E. A. v/s E.

A. F. Municipales, DFL (G) N°1, de 1997.) • Excepciones:

¾Personal de las Fuerzas Armadas (art. 431 CJM. Y Reglamento ISAS.)

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Independencia

 

con

 

otras

 

responsabilidades

• Esto significa que los hechos que dan lugar a responsabilidad

administrativa pueden llegar a ser constitutivos de responsabilidad civil o penal o, por el contrario, no originar ninguna otra responsabilidad.

• El ejercicio de la potestad disciplinaria no se ve alterada por la concurrencia de otras responsabilidades, salvo excepción expresa, ej.: art. 120 E.A. ; 153 DFL (G) Nº1, de 1997 y 433 C.J.M.

FORMA

 

DE

 

CONTROL

 

DE

 

LOS

 

ACTOS

 

ADMINISTRATIVOS

• Control Administrativo: 

•jerárquico – unidades de control interno

•revisión de oficio – recursos administrativos

•por la Contraloría General de la República

• Control Contencioso Administrativo: 

•Recursos contenciosos administrativos

• Control Parlamentario

• Control por el Tribunal Constitucional

ELEMENTOS BASICOS DE LA RESPONSABILIDAD

ADMINISTRATIVA

• Existencia de un funcionario públicoExistencia de un funcionario público.

• Infracción de un deber o de una prohibición.

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Existencia de un funcionario público.

• Concepto: es aquél que desempeña un cargo o empleo de planta o a contrata en un órgano de la Administración del Estado.

• Se incluye al personal contratado bajo las disposiciones de un estatuto funcionario general o especial, como por ejemplo el Código del Trabajo. Situación del personal de las empresas públicas.

• Se excluye al personal contratado a honorarios, de acuerdo a lo establecido en el art. 3º, letra a) y 11 E.A.

Infracción de un deber u obligación o contravención de una prohibición.

•Deber u obligación: conducta que el ordenamiento impone al funcionario para el cumplimiento oportuno y eficaz de sus cometidos.

•Se establecen en el estatuto funcionario: art. 15 y 43 Ley Nº 18.575; art. 61 E.A.; art. 138 DFL (G) Nº 1, de 1997; art. 153 C. del T., etc.

•También se consagran en disposiciones especiales: arts. 8º C.P.R.; arts. 5, 7, 11, 12, 13, Título III Ley Nº 18.575.

• Las prohibiciones constituyen abstenciones de obrar en un determinado sentido impuestas al funcionario por el ordenamiento que lo rige.

• Se encuentran establecidas en los respectivos estatutos funcionarios, por ejemplo en el art. 84 del E.A. o en disposiciones especiales, como el art.j p p p , 19 de la Ley Nº 18.575 que prohíbe realizar actividades políticas dentro de la Administración Pública y el art. 19 Nº 16 C.P.R. que prohíbe a los funcionarios del Estado y de las Municipalidades declararse en huelga.

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DEBERES

 

Y

 

PROHIBICIONES

 

FUNCIONARIOS

 

EN

 

LA

 

LEY

 

 

18.575

 

OCBGAE

 

Y

 

EN

 

EL

 

ESTATUTO

 

ADMINISTRATIVO

 

COMUN

• Deber de consagrarse al ejercicio de la función: (art. 5º Ley Nº 18.575 y art. 61 a, b, c y d E.A.)

• Deber de control (art. 11 y 12 Ley Nº 18.575)

• Deber de obediencia jerárquica (art. 7º Ley Nº 18.575 y 61 f y 62 del E.A.) • Deber de discreción y secreto funcionario (art. 61 i, h E.A.)

• Deber de actuar con dignidad y honorabilidad (art. 6I, m E.A.)

Deber de actuar con imparcialidad(art. 52 y 53 Ley Nº 18.575).Limitaciones a actividades políticas(prohibición art.19 Ley Nº 18.575);aactividades privadas

(prohibición de actuar en juicio en contra intereses del Estado art. 84 c, d E.A. y limitaciones indicadas en art. 56 Ley Nº 18.575)a intervenir en asuntos en que tenga interés directo o indirecto(art. 62 Nº 6 Ley Nº 18.575 y 84 b E.A.) • Deber de observar principio de probidad (art. 8º C.P.R. y 52 Ley 18.575)

EL

 

DEBER

 

DE

 

OBSERVAR

 

EL

 

PRINCIPIO

 

DE

 

PROBIDAD

CONCEPTO: consiste en mantener una conducta funcionaria exenta de

todo reproche y un desempeño que privilegie la satisfacción del interés público por sobre el interés privado (arts 8º inc 1º C P R art 3º 13 inc público por sobre el interés privado. (arts. 8º, inc. 1º C.P.R., art. 3º, 13, inc. 1º y 52º y ss. Ley Nº 18.575, y art. 61, letra g), E.A.).

• La conducta funcionaria intachable comprende tanto el comportamiento moral o social del funcionario, como la integridad, imparcialidad, transparencia, eficiencia y eficacia en el desempeño de la función asignada al cargo.

• El deber de actuar con probidad se extiende a las actuaciones desarrolladas fuera del ejercicio de la función, cuando ellas puedan comprometer la imagen o la gestión del órgano público (art 61 letras i) comprometer la imagen o la gestión del órgano público. (art. 61, letras i) “observar una vida social acorde con la dignidad del cargo” y m) “justificar ante el superior jerárquico los cargos que se le formulen con publicidad”, E.A..)

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MANIFESTACIONES

 

DEL

 

PRINCIPIO

 

DE

 

PROBIDAD

• Establecimiento de inhabilidades e incompatibilidades para ingresar y

permanecer en la Administración del Estado. Ellas se aplican a los funcionarios públicos y también a las personas contratadas a honorarios funcionarios públicos y también a las personas contratadas a honorarios, en virtud del art. 5º de la Ley Nº 19.896. Esto opera sin perjuicio de otras inhabilidades e incompatibilidades para el ingreso a la función pública.

• Existencia de la obligación de efectuar una declaración de intereses y de patrimonio, en los términos previstos en los arts. 57 y ss. de la Ley Nº 18.575.

• Conjunto de conductas descritas por la ley como constitutivas de  infracción al principio de probidad: art. 62 Ley N° 18.575.

REGIMEN

 

NORMATIVO

 

DE

 

LA

 

DECLARACION

 

DE

 

INTERESES

 

Y

 

PATRIMONIO

• La primera fue establecida por la Ley Nº 19.653 e incorporada dentro del Título III de la Ley Nº 18 575 La segunda fue introducida a este última ley Título III de la Ley Nº 18.575. La segunda, fue introducida a este última ley por la Ley Nº 20.088.

Autoridades y funcionarios obligados.

La primera obliga a las autoridades y funcionarios de la Administración del Estado señalados en el artículo 57, inc. 1º, de la Ley Nº 18.575, comprendiéndose dentro de ellos desde el Presidente de la República hasta quienes se desempeñen en el nivel de jefe de departamento o su equivalente.

Además, su aplicación se extiende a los directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos, a los directores y gerentes de empresas del Estado que se rijan por la legislación de ese tipo de sociedades y a los gerentes de sociedades anónimas nombrados por directorios

y g p

integrados mayoritariamente por directores que representen al Estado o sus organismos.

La declaración de patrimonio se aplica a las mismas autoridades y funcionarios de la Administración del Estado y miembros de las sociedades anónimas antes indicados, salvo los últimos y, además, a las autoridades de los Poderes Públicos y órganos constitucionales previstos en la Ley N° 20.088.

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Contenido de las declaraciones.

La declaración de intereses debe contener las actividades profesionales y económicas en que participe la autoridad o funcionario y la declaración de patrimonio los bienes y derechos de que sea titular la autoridad o patrimonio los bienes y derechos de que sea titular la autoridad o funcionario o su cónyuge, cuando estén casados bajo régimen de sociedad conyugal.

Oportunidad en que deben presentarse y actualizarse

Ambas declaraciones deben efectuarse dentro de los 30 días siguientes a la asunción al cargo y actualizarse cada 4 años.

Tratándose de la declaración de intereses también debe actualizarse cuando acontezca un hecho relevante, es decir cuando se altere o afecte las actividades profesionales y económicas declaradas.

La declaración de patrimonio también debe actualizarse cuando el declarante sea nombrado en un nuevo cargo y al cesar en sus funciones.Podráser actualizada en cualquier momento cuando ocurra un hecho que altere la declaración vigente.

Forma de presentación.

En formulario proporcionado por el Ministerio Secretaria General de la Presidencia.

Procedimiento y lugar de presentación.

La declaración de intereses se presenta en 3 ejemplares en el propio organismo, debiendo ser autentificada por el Ministro de Fe del órgano o por Notario. Uno de los ejemplares es remitido a Contraloría General de la República.

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La declaración de patrimonio de las autoridades y funcionarios de la Administración del Estado y de quienes cumplan las funciones ya descritas en las sociedades anónimas se presenta en 2 ejemplares ante el Contralor General de la República o el Contralor Regional según los casos General de la República o el Contralor Regional, según los casos.

Responsabilidades y control

En ambos casos incumbe al Jefe del Servicio y al Jefe de Personal del órgano público adoptar las medidas destinadas a lograr el cumplimiento de esta obligación.

Sin perjuicio de lo anterior, la ley sanciona a la autoridad o funcionario obligado a efectuar la declaración, de la siguiente forma:

¾ la no presentación de declaración con multa de 10 a 30 UTM que es impuesta administrativamente una vez trascurridos 30 días desde la fecha impuesta administrativamente una vez trascurridos 30 días desde la fecha en que ellas hayan sido exigibles. Si el infractor presenta la declaración dentro de los 10 días contados desde la notificación de la resolución que le impone la sanción, ésta se rebaja a la mitad.

¾ Si la declaración no se presenta, además de la imposición de la multa, la omisión debe ser considerada en la calificación del infractor y da lugar a la aplicación de una sanción disciplinaria.

¾ Si el incumplimiento recae en la obligación de actualizar se le impone al infractor una multa de 5 a 15 UTM.

L i l ió d d l i l i ió d i f ió

¾ La inclusión de datos relevantes inexactos o la omisión de información relevante, se sanciona con multa de 10 a 30 UTM y ello también debe ser considerado para los efectos de la calificación.

¾ La autoridad o quien en razón de sus funciones no haya advertido oportunamente la omisión de la declaración o su actualización es sancionado disciplinariamente.

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De la aplicación de las multas la ley permite deducir reclamo fundado ante la autoridad administrativa que las haya impuesto, dentro del quinto día de su notificación entregando su conocimiento y fallo a la Corte de Apelaciones notificación, entregando su conocimiento y fallo a la Corte de Apelaciones respectiva. La resolución de este último Tribunal no es susceptible de recurso alguno.

Sin perjuicio de las facultades de control ya indicadas, compete a C.G.R. y a la SVS, dentro de sus respectivos campos de acción, fiscalizar el cumplimiento de estas obligaciones.

Publicidad de las declaraciones.

Ambas declaraciones son públicas, para cuyo efecto se dispone que corresponde a Contraloría General de la República mantener en custodia un ejemplar de cada una ellas.

OBLIGACION

 

DE

 

DENUNCIAR

 

INFRACCION

 

AL

 

PRINCIPIO

 

DE

 

PROBIDAD

• El artículo 61, letra k) del Estatuto Administrativo, contempla dentro de los deberes del funcionario la de denunciar ante el Ministerio Público o la “Policía” si no existe Fiscalía en el lugar con la debida prontitud losPolicía , si no existe Fiscalía en el lugar, con la debida prontitud, los crímenes o simples delitos, y a la autoridad competente, los hechos irregulares, especialmente aquellos que contravienen el principio de probidad.

• La obligación de denunciar los ilícitos penales por parte de los funcionarios públicos se encontraba contemplada con carácter amplio y con anterioridad a esta disposición en el art. 61, letra k) del E.A. y en el

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• Respecto a la obligación de denunciar las faltas o contravenciones administrativas y, por tanto, formular una denuncia disciplinaria, si bien se contemplaba la obligación de dar cuenta a la autoridad competente se contemplaba la obligación de dar cuenta a la autoridad competente los hechos irregulares que se conozcan en el ejercicio del cargo, no se regulaba este deber con la preocupación y detalle que ahora lo hace la ley a propósito del principio de probidad.

• La denuncia debe ser fundada y cumplir los siguientes requisitos:

9 contener la identificación del denunciante 9 contener la narración circunstanciada de los hechos.

9 contener la individualización de los responsables y de los testigos, si le constare al denunciante

constare al denunciante.

9 acompañar los documentos que la funden, de ser posible. 9 ser formulada por escrito y ser firmada por el denunciante.

9 el denunciante puede solicitar que sea secreta para terceros su identidad y la información que entregue.

„ El art. 90A del E.A. establece el siguiente régimen de protección al funcionario que denuncia irregularidades y faltas al principio de probidad: ‰ impide que sea objeto de la medida disciplinaria de suspensión o destitución desde que se recibe la denuncia y hasta que se resuelve tenerla por no presentada o hasta los 90 días después de terminado el tenerla por no presentada o hasta los 90 días después de terminado el procedimiento sumarial.

‰ no ser trasladado de localidad o función, sin su aceptación escrita, por el mismo lapso.

‰ no ser objeto de precalificación anual si el denunciado es el superior jerárquico del denunciante, durante el mismo lapso anterior, salvo petición expresa del denunciante.

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Obligación de la autoridad que recibe la denuncia:

9 dentro del plazo de 3 días hábiles, contados desde la fecha de recepción de la denuncia, debe resolver si la tiene por presentada. 9 si no tiene competencia para decidir debe remitirla a quien

corresponda dentro de 24 horas.

9 si transcurre el plazo de 3 días sin emitir pronunciamiento, se entiende presentada la denuncia.

• Efectos de la denuncia infundada, cuando se constate su falsedad o ánimo deliberado de perjudicar al denunciado.

En la hipótesis anterior, el art. 62 N° 9 de la Ley N° 18.575 la considera una contravención al principio de probidad y el art. 125, letra d) del Estatuto Administrativo obliga a sancionarla con la medida disciplinaria de destitución.

PRINCIPIOS

 

DE

 

LA

 

RESPONSABILIDAD

 

ADMINISTRATIVA

• Principio de legalidad: arts. 6 y 7 CPR y 2° Ley N° 18.575. Potestad sancionadora de la administración. Aplicación de los principios del Ius sancionadora de la administración. Aplicación de los principios del Ius puniendi del Estado: tipicidad‐irretroactividad‐culpabilidad‐prescripción.

• Principio de proporcionalidad: art. 121, inc. 2°. Estatuto Administrativo.

• Principio del debido proceso (racional y justo procedimiento): Art. 19 N° 3 CPR y 18, inc. 2°, Ley N° 18.575.

(13)

LA

 

RESPONSABILIDAD

 

ADMINISTRATIVA

 

Y

 

EL

 

DEBIDO

 

PROCESO

CONCEPTO DEBIDO PROCESO: el debido proceso forma parte del principio de legalidad del juzgamiento. Este exige un racional y justo procedimiento como base de toda resolución de la autoridad que resuelva

i i ió ( 9 ° 3)

una controversia o imponga una sanción. (CPR Art. 19 N° 3).

Requisitos:

¾ que el afectado sea notificado de los cargos y oído.

¾ que exista la posibilidad de presentar, producir y ponderar medios probatorios.

¾ que la resolución sea oportuna. ¾ que el órgano que la dicte sea imparcial ¾ que la decisión sea susceptible de revisión.

‰ Los funcionarios sujetos al Código del Trabajo y el debido proceso.

LOS

 

PROCEDIMIENTOS

 

DISCIPLINARIOS

 

La investigación sumaria y el sumario administrativo.

a. Objeto: asegurar una mayor certeza en la decisión de la Administración y

ti l d h d l f i i

garantizar los derechos del funcionario.

b. La Investigación Sumaria y el Sumario Administrativo: diferencias principales:

• En cuanto a su procedencia: según gravedad de los hechos.

• En cuanto a su formalidad: uno verbal y el otro escrito.

• En cuanto a los plazos: el primero es más concentrado que el segundo.

• En cuanto a las sanciones: el primero impide imponer medida destitución, salvo excepción.

c. La resolución de término: toma de razón e impugnación.

• La responsabilidad civil funcionaria y el debido proceso. ¾ Objeto: hacer efectiva la responsabilidad civil funcionaria.

¾ Naturaleza jurídica: procedimiento contencioso administrativo.

¾ Órganos que intervienen en el juzgamiento.

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