PDF superior RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS

En la nueva regulación de la LRJPAC artículo 146.2 el proceso penal no suspende el procedimiento administrativo de responsabilidad del personal al servicio de las Administraciones públic[r]

30 Lee mas

Responsabilidad  Patrimonial de los Funcionarios Públicos de la Municipalidad Distrital de La Esperanza Caso:Mantenimiento de Complejos Deportivos

Responsabilidad Patrimonial de los Funcionarios Públicos de la Municipalidad Distrital de La Esperanza Caso:Mantenimiento de Complejos Deportivos

concreto, el estudio se efectúa desde las siguientes perspectivas: 1º.- Especificar qué puestos de trabajo en las Administraciones Públicas españolas (Administración estatal, Administraciones de las 17 comunidades Autónomas, Corporaciones Locales, Servicio Nacional de la Salud y Universidades Públicas) deben ser ejercidos obligatoriamente por funcionarios públicos y qué puestos pueden ser ocupados por empleados sometidos a un contrato de trabajo. Igualmente, se efectúa un análisis del derecho comparado, especialmente del francés y el alemán. 2º.- Descripción del conjunto de normas legales, reglamentarias, acuerdos y pactos de funcionarios y otras disposiciones que regulan en España la funcionarización tanto de los empleados estatales, como los autonómicos, locales, universitarios y del Servicio Nacional de la Salud. 3º.- Análisis central de todo el proceso selectivo que supone la funcionarización: los trabajadores que pueden participar, los aspectos temporales del proceso y, fundamentalmente, todo el procedimiento de selección. 4º.- Análisis in extenso de las características del proceso de funcionarización: fundamentalmente, su respeto a los principios de la Constitución Española de 1978 de igualdad, mérito y capacidad, dado que la funcionarización es un proceso restringido y excepcional, al cual sólo pueden optar los trabajadores con contrato laboral fijo. Se estudia esta excepcionalidad a la luz de los arts. 23.2 y 103.3 de la Constitución y según la jurisprudencia del Tribunal
Mostrar más

142 Lee mas

Delito de detenciones ilegales practicadas por funcionarios públicos y autoridades: anális del articulo 167 CP

Delito de detenciones ilegales practicadas por funcionarios públicos y autoridades: anális del articulo 167 CP

La primera manifestación de la codificación penal española se dio con el Código Penal de 1822. Este código fue consecuencia directa de la Constitución de 1812, la cual vino inspirada por las ideas que consagraban el Estado liberal: la libertad venía definida por la ley positiva, en sentido positivo y negativo, cuya máxima liberal era que “todo lo que no estaba prohibido, estaba permitido”, y con el contrato social como doctrina fundamental, se consolidó el Estado como garantizador de la seguridad jurídica en el despliegue de los derechos individuales, dándose así una separación Estado-sociedad 3 . Pues bien, esta diferenciación Estado-sociedad, así como la influencia del Código Penal francés de 1810, fueron las fuentes por las que en el Código de 1822 se hizo una primera diferenciación sin precedentes españoles en sus Partes Primera y Segunda: en la Primera se hizo referencia a varios supuestos de detención arbitraria por parte de funcionarios públicos, mientras que en la Segunda se hacía remisión a esa conducta, pero llevada a cabo por particulares. Por lo tanto, al ser una conducta que bebía de fuentes liberales, el delito cometido por un funcionario público se entendía como un ataque contra la Sociedad y contra la Constitución y el orden político de la Monarquía (es decir, faltar a sus deberes políticos), restringiendo así la protección de la libertad individual de los ciudadanos 4 .
Mostrar más

27 Lee mas

De los delitos contra el medio ambiente cometidos por autoridades, funcionarios públicos y servidores de elección popular

De los delitos contra el medio ambiente cometidos por autoridades, funcionarios públicos y servidores de elección popular

Debe destacarse que el referido “recurso de protección” establecido en la constitución chilena, contemplado en el Art. 20 del texto constitucional, en forma categórica estableció la responsabilidad de la autoridad en materias ambientales, cosa que se contempló en el inciso 1º del Art. 20 de la Constitución Polìtica Ecuatoriana que estableció: «el Estado y más entidades del sector público estarán obligados a indemnizar a los particulares por los perjuicios que les irrogaren como consecuencia de los servicios públicos o de los actos de sus funcionarios y empleados en el desempeño de sus cargos» y el Art. 39 inciso 3º ibìdem, que claramente expresaba: “Todo funcionario público, inclusive los representantes de elección popular, antes de tomar posesión de su cargo y al cesar en el mismo, deberán declarar juramentadamente el monto de sus bienes y rentas. La ley regulará el cumplimiento de esta obligación”.
Mostrar más

65 Lee mas

TítuloLa responsabilidad patrimonial de los centros sanitarios concertados: incidencia de los aspectos procesales en la reapertura de una polémica

TítuloLa responsabilidad patrimonial de los centros sanitarios concertados: incidencia de los aspectos procesales en la reapertura de una polémica

sentencias se dedica uno de sus razonamientos jurídicos a argumentar la decisión contraria con fundamento en los anteriores fallos dictados por la propia sección). Lo cierto, es que siendo pacífica la cuestión bajo el argumento de autoridad impuesto por el Tribunal Supremo, posteriormente la Sección quinta de la Audiencia Nacional, en sentencia dictada el 2 de Julio de 2008, (recurso núm. 395/2006) ponente Sr. José Luis Gil Ibáñez, se descuelga del sentir general, asumiendo los criterios inicialmente acogidos por la propia sección. Para justificar este cambio jurisprudencial se acoge a la nueva redacción de la disposición adicional vigésimo tercera de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, cuyo apartado 1 dispone que «los conciertos que tengan por objeto la prestación de servicios de asistencia sanitaria y farmacéutica y que, para el desarrollo de su acción protectora, celebren la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas con entidades públicas, entidades aseguradoras, sociedades médicas, colegios farmacéuticos y otras entidades o empresas, cualquiera que sea su importe y modalidad, tendrán la naturaleza de contratos de gestión de servicio público regulándose por la normativa especial de cada mutualidad y, en todo lo no previsto por la misma, por la legislación de contratos del sector público».
Mostrar más

34 Lee mas

Las actuaciones de policía judicial y la responsabilidad patrimonial del estado

Las actuaciones de policía judicial y la responsabilidad patrimonial del estado

94 (30) Actuación de agentes encubiertos. Cuando el fiscal tuviere motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este Código, para inferir que el indiciado o el imputado en la investigación que se adelanta, continúa desarrollando una actividad criminal, previa autorización del Director Nacional o Seccional de Fiscalías, podrá ordenar la utilización de agentes encubiertos, siempre que resulte indispensable para el éxito de las tareas investigativas. En desarrollo de esta facultad especial podrá disponerse que uno o varios funcionarios de la policía judicial o, incluso particulares, puedan actuar en esta condición y realizar actos extrapenales con trascendencia jurídica. En consecuencia, dichos agentes estarán facultados para intervenir en el tráfico comercial, asumir obligaciones, ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo o domicilio del indiciado o imputado y, si fuere necesario, adelantar transacciones con él. Igualmente, si el agente encubierto encuentra que en los lugares donde ha actuado existe información útil para los fines de la investigación, lo hará saber al fiscal para que éste disponga el desarrollo de una operación especial, por parte de la policía judicial, con miras a que se recoja la información y los elementos materiales probatorios y evidencia física hallados.
Mostrar más

164 Lee mas

NUEVOS PERFILES DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN EL DERECHO ARGENTINO

NUEVOS PERFILES DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN EL DERECHO ARGENTINO

En el Derecho comparado por lo general se establece una diferenciación entre el daño ocasionado por el obrar legitimo e ilegitimo del Estado, quizás con la notable excepción de España donde el principio de responsabilidad patrimonial de la Administración está contemplado en el art. 106.2 de la Constitución de modo amplio y con alto nivel de generalidad: “Los particulares, en los términos establecidos en la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por cualquier lesión que sufran en cualquiera de sus derechos y bienes, excepto en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”, y luego, el art. 139 de la Ley 30/92, precisa que “los particulares tienen derecho a una indemnización por parte de las Administraciones Públicas correspondientes por cualquier lesión en cualquiera de sus bienes o derechos, excepto en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos”.
Mostrar más

73 Lee mas

Responsabilidad patrimonial del Estado por actos terroristas

Responsabilidad patrimonial del Estado por actos terroristas

En igual forma, la alta Corporación, se negó a declarar la responsabilidad del Estado por riesgo excepcional, en el caso donde se realizó un atentado terrorista que afectó a un grupo de personas en la ciudad de Cali. En éste se argumentó que la imputabilidad de la administración debía surgir de la creación de un riesgo que fuera considerado excepcional, en la medida en que se pusiera en peligro a un grupo particular de ciudadanos, como consecuencia del desarrollo de su actividad protectora de la comunidad; pues es “la excepcionalidad del riesgo lo que hace evidente la ruptura del equilibrio frente a las cargas públicas y posibilita el surgimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado”. Sin embargo, de las pruebas que se practicaron se desprendió con claridad que se trató de un atentado terrorista dirigido indiscriminadamente contra habitantes de Cali, cuyo objetivo no era la afectación de personas o establecimientos específicos, sino la alteración del orden público, y como lo ha precisado varias veces el Consejo de Estado, los atentados terroristas dirigidos indiscriminadamente contra la población resultan imprevisibles para las autoridades públicas, a menos que se hayan producido amenazas previas que permitieran adoptar oportunamente medidas de protección. No existe, entonces, en estos casos, un riesgo concreto y excepcional que afecte a un
Mostrar más

185 Lee mas

4  Responsabilidad patrimonial del Estado en México

4 Responsabilidad patrimonial del Estado en México

En las actuales circunstancias se propone establecer la responsabilidad solida- ria directa del Estado por los daños y perjuicios derivados de los hechos y actos ilícitos dolosos de los servidores públicos. Esta responsabilidad continuará siendo subsidiaria en los demás casos, esto es, cuando la conducta ilícita del servidor es culposa, supuesto este último no significativo para la protección de los Derechos Humanos [¿?]. La responsabilidad directa del Estado, en los casos señalados, de- riva de que éste, por su organización, recursos, medios de programación y siste- mas de vigilancia, así como por su responsabilidad en la selección, capacitación y control de [su] personal, está en condiciones en todo momento de prever y co- rregir las actuaciones dolosas de los funcionarios públicos [me pregunto si no se pueden también prever y corregir las actuaciones culposas de los funcionarios]. Si no obstante ello, el ilícito se produce, debe asumir frente a la persona que lo su- frió, la obligación de indemnizarla plenamente por los daños y perjuicios ocasio- nados 3 .
Mostrar más

27 Lee mas

La responsabilidad de los funcionarios públicos

La responsabilidad de los funcionarios públicos

En efecto, si bien la responsabilidad del Estado y de los funciona- rios constituye sustancialmente una garantía, no puede esa caracteriza- ción hacernos olvidar que el primer interesado en que el principio de legalidad sea cumplido por sus agentes es el propio Estado. De tal modo, la responsabilidad de los funcionarios, al prever la sanción disci- plinaria, política, criminal o patrimonial de las conductas contrarias a Derecho, no viene sólo a infligir un mal que, con carácter retributivo o indemnizatorio, se impone al infractor, sino que opera, a la vez, como un factor preventivo o de disuasión para todos aquellos agentes públi- cos que, por las razones que fueren, se sintieren tentados de actuar de modo contrario a Derecho.
Mostrar más

28 Lee mas

Análisis sistemático de la responsabilidad patrimonial del estado legislador

Análisis sistemático de la responsabilidad patrimonial del estado legislador

Por esta razón, hay que diferenciar la teoría del riesgo del concepto de riesgo inherente a la aci vidad peligrosa como tal. Este úli mo se debe precisamente a que este i po de aci vidades por el desequilibrio o la alteración en las fuerzas que genera, bien sea la aci vidad desplegada o la cosa en sí por la muli plicación de energía o movimiento, de esta manera más peligros de daño de los que generaría una aci vidad normal. Elemento éste que destaca la jurisprudencia del Consejo de Estado al referirse a la conducción de vehículos automotores, donde establece que cuando se produce un daño relacionado con dicha aci vidad, lo que debe analizarse es si éste consi tuye realización del riesgo, por haberse desencadenado el potencial dañoso de la aci vidad, o si el resultado es ajeno al riesgo y la aci vidad peligrosa sólo fue causa pasiva en la producción del daño; mientras que la teoría del riesgo como tal es un factor de imputación que conlleva la aplicación de un régimen conceptual y probatorio especial, conocido como responsabilidad sin falta u objei va; en donde el daño toma una posición determinante frente a la falla y del cual sólo se puede exonerar mediante la prueba de una causa extraña (fuerza mayor, culpa exclusiva de la víci ma o culpa exclusiva de un tercero) 216 .
Mostrar más

174 Lee mas

Responsabilidad civil patrimonial de los notarios en Colombia

Responsabilidad civil patrimonial de los notarios en Colombia

Para concluir mi estudio de la Responsabilidad Civil Patrimonial de los Notarios en Colombia, quisiera transcribir un texto encontrado en la ACADEMIA MATRITENSE DEL NOTARIADO presentado en la Conferencia dictada por Juan Antonio Xiol Ríos, Presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo, el 28 de mayo de 2009, en el salón de actos del Colegio Notarial de Madrid y dentro del ciclo organizado por la Academia Matritense del Notariado, ponencia titulada “La responsabilidad civil de los profesionales”. El ponente comenzó su intervención centrando el objetivo de su ponencia, la responsabilidad, y en un campo especialmente sensible: la responsabilidad civil profesional, una de las materias en las que más activamente se muestra la adaptación de los principios jurídicos a la cambiante sociedad actual. Para comprenderla con toda la profundidad posible es necesario tener en cuenta perspectivas de futuro. Es posible que esta puesta en escena nos ilustre para posibles avances sobre el tema al respecto en nuestro país.
Mostrar más

95 Lee mas

El Derecho sancionador y la responsabilidad patrimonial de la Administración

El Derecho sancionador y la responsabilidad patrimonial de la Administración

en suma, que lo que el legislador administrativo había pretendido aquí no era evidentemente abordar ni mucho menos suprimir la cuestión de la responsabilidad por los daños causados por u[r]

50 Lee mas

Los problemas del procedimiento de responsabilidad patrimonial del estado mexicano

Los problemas del procedimiento de responsabilidad patrimonial del estado mexicano

responsabilidad objetiva y la subjetiva radica en que mientras ésta implica negligencia, dolo o intencionalidad en la realización del daño, aquélla se apoya en la teoría del riesgo, donde hay ausencia de intencionalidad dolosa. Por otra parte, del contenido del proceso legislativo que dio origen a la adición indicada, se advierte que en un primer momento el Constituyente consideró la posibilidad de implantar un sistema de responsabilidad patrimonial objetiva amplia, que implicaba que bastaba la existencia de cualquier daño en los bienes o en los derechos de los particulares, para que procediera la indemnización correspondiente, pero posteriormente decidió restringir esa primera amplitud a fin de centrar la calidad objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado a los actos realizados de manera irregular, debiendo entender que la misma está desvinculada sustancialmente de la negligencia, dolo o intencionalidad, propios de la responsabilidad subjetiva e indirecta, regulada por las disposiciones del derecho civil. Así, cuando el artículo 113 constitucional alude a que la responsabilidad patrimonial objetiva del Estado surge si éste causa un daño al particular "con motivo de su actividad administrativa irregular", abandona toda intención de contemplar los daños causados por la actividad regular del Estado, así como cualquier elemento vinculado con el dolo en la actuación del servidor público, a fin de centrarse en los actos propios de la administración que son realizados de manera anormal o ilegal, es decir, sin atender a las condiciones normativas o a los parámetros creados por la propia administración.
Mostrar más

125 Lee mas

Responsabilidad civil y enriquecimiento sin causa: analogías y diferencias

Responsabilidad civil y enriquecimiento sin causa: analogías y diferencias

A pesar de que la concepción tradicional de la responsabilidad civil extracontractual funda la obligación de reparar el daño en un criterio subjetivo, es decir en la culpa o negligencia de quien lo haya causado, actualmente se tiende a la responsabilidad objetiva. Son muchos los factores objetivos para la atribución de responsabilidad siendo los más típicos el factor riesgo, muy común en la responsabilidad del empresario, pareciendo lógico que tenga que reparar los daños causados quien se beneficia de una actividad que, al mismo tiempo, representa un riesgo para la sociedad. Lo mismo sucede con las relaciones familiares y cuasi familiares, como es el caso de la responsabilidad de los padres por los hechos cometidos por sus hijos menores; con la existencia de seguros de responsabilidad civil, llegándose incluso a decir que el hecho de que una actividad sea asegurable determina automáticamente que el daño producido sea fuente de responsabilidad; y con los factores asociados a la propiedad o tenencia de una cosa, que cuando es un elemento de riesgo su propietario o tenedor debe salir al paso de los daños que genere, salvo que demuestre haber utilizado toda la diligencia necesaria para evitarlos 15 .
Mostrar más

55 Lee mas

TítuloLa responsabilidad patrimonial del estado legislador: especial referencia a la vulneración del derecho comunitario

TítuloLa responsabilidad patrimonial del estado legislador: especial referencia a la vulneración del derecho comunitario

La responsabilidad patrimonial del estado legislador especial referencia a la vulneración del derecho comunitario LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO LEGISLADOR ESPECIAL REFERENCIA A LA VULNERAC[.]

15 Lee mas

Ocurrencia de eventos adversos en el servicio hospitalario prestado por el Estado: un análisis a la jurisprudencia del Consejo de Estado

Ocurrencia de eventos adversos en el servicio hospitalario prestado por el Estado: un análisis a la jurisprudencia del Consejo de Estado

Así las cosas, tanto la doctrina como la jurisprudencia han deslindado la responsabilidad derivada de la falla (culpa) del servicio médico (errores médicos o paramédicos), de aquella que se relaciona con el desconocimiento del deber de protección y cuidado de los pacientes durante su permanencia en el establecimiento sanitario, precisamente por tener un fundamento o criterio obligacional disímil; el primero supone el desconocimiento a los parámetros de la lex artis y reglamentos científicos, mientras que el segundo está asociado al incumplimiento de un deber jurídico de garantizar la seguridad del paciente (Consejo de Estado, Exp. 22304 de 2012). Los riesgos de seguridad que surjan en la atención médica, tienen una amplia relación con las condiciones del paciente. Ya que en algunas patologías específicas psiquiátricas como psicosis aguda, esquizofrenia, las obligaciones del personal tratante y el establecimiento asistencial deben tener en cuenta que por las características de la patología la posibilidad o margen de probabilidad de que el paciente se cause daño así mismo o contra terceros, es alta y por lo tanto exige la implementación de unas medidas de vigilancia y cuidado extremas y especialmente, rigurosas.
Mostrar más

22 Lee mas

LA FIGURA DEL ERROR JUDICIAL EN MÉXICO: EL DERECHO OLVIDADO DEL IMPUTADO

LA FIGURA DEL ERROR JUDICIAL EN MÉXICO: EL DERECHO OLVIDADO DEL IMPUTADO

En México no hay una legislación mediante la cual se pueda reconocer que hubo error judicial y responsabilidad del Estado en esta materia, por lo que la ausencia de disposiciones normativas específicas sobre el particular en nuestro país en el ámbito federal, ha propiciado un estado de vulnerabilidad para las personas que una vez que enfrentan al sistema de justicia y son declaradas inocentes mediante una sentencia absolutoria, buscan resarcir las afectaciones motivadas por errores judiciales de esa naturaleza, ya que no existe norma alguna que establezca el mecanismo y parámetros para fijar dicha indemnización por lo que los afectados quedan en un completo estado de indefensión y en franca violación a sus derechos humanos.
Mostrar más

32 Lee mas

Tendencia actual de la responsabilidad estatal en procesos de privación injusta de la libertad proferidos por la sección tercera del Concejo de Estado en los años 2016 a 2017

Tendencia actual de la responsabilidad estatal en procesos de privación injusta de la libertad proferidos por la sección tercera del Concejo de Estado en los años 2016 a 2017

A través de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se ha buscado una interpretación más amplia de este literal normativo, en el entendido de reconocer la responsabilidad estatal y la obligación de indemnizar en los casos en que se declare inocente a quien hayas ido privado de su libertad, por no haberse podido probar su participación en el hecho investigado. Situación que no ha ocurrido, pues el Tribunal Supremo (sala tercera) estima que no corresponde con la intención del legislador, extender la aplicabilidad de la responsabilidad en estos casos (inexistencia subjetiva). Afirma, que para este tipo de situaciones, puede recurrirse a la Responsabilidad Administrativa General contenida en el artículo 121 constitucional.
Mostrar más

54 Lee mas

OPEFO7 I 07 CAP CORREDORES RA 2007

OPEFO7 I 07 CAP CORREDORES RA 2007

El departamento de riesgo define las herramientas para llevar a cabo la identificación, medición, control y divulgación de los distintos tipos de riesgos que enfrenta la compañía y los fondos administrados. Dentro de esto, lleva a cabo los análisis de sensibilidad de las principales variables que afectan el comportamiento de cada línea de negocio y realiza el seguimiento al cumplimiento diario de los límites establecidos. Por otro lado, está encargado de promover (delegado por la junta) una cultura de riesgo dentro de la organización, para lo cual genera informes dirigidos a todos los funcionarios y áreas de la firma. Dentro del nivel de atribuciones, ésta tiene la potestad de intervenir liquidando una posición del portafolio propio y es el único facultado (a través del comité de riesgos) para imponer sanciones a los funcionarios, en caso de incumplimiento reiterativo de la estructura de límites.
Mostrar más

11 Lee mas

Show all 10000 documents...