PDF superior Vista de Sobre la relación entre derecho y sociedad en las investigaciones jurídica en Colombia

Vista de Sobre la relación entre derecho y sociedad en las investigaciones jurídica en Colombia

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En el presente artículo se sostiene, como argumento principal, que la renovación de las investigaciones jurídicas nacionales se debe al concepto de autonomía relativa del derecho como superación de los paradigmas del normativismo y de lo jurídico como epifenómeno de relaciones sociales y económicas. Con la revisión bibliográfica de los trabajos académicos más destacados en facultades de derecho del país, se procedió a una aproximación de los conceptos allí producidos, estableciendo sus puntos de encuentro y divergencia. De lo observado en estas investigaciones, se puede decir que el concepto de autonomía relativa ha involucrado dos significados: primero, el derecho es un campo, producto de variacio- nes interpretativas, políticas e ideológicas (dimensión interna). Segundo, el derecho juega un papel fundamental en la configuración de las relaciones sociales (dimensión externa). Finalmente, la noción de autonomía relativa plantea una serie de interrogantes sobre los usos políticos del derecho; de allí que surja la necesidad de reflexionar sobre sus capacidades de emancipación o de perpetuación de la desigualdad y la exclusión.
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Vista de Importancia de la póliza de mascotas en Colombia en relación con el derecho comparado
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Vista de Importancia de la póliza de mascotas en Colombia en relación con el derecho comparado | Nuevo Derecho

en consecuencia desconocidos, hasta trans- currido algún tiempo después de realizados, es decir, sin normal posibilidad de apreciar- los o de conocer sus efectos dañosos. Sostiene Martínez (1990), que la responsa- bilidad civil, como obligación de asumir las consecuencias patrimoniales de un hecho, un acto o una conducta, es un riesgo asegu- rable. Como ya se ha dicho, la responsabili- dad civil puede ser de origen contractual o extracontractual. La contractual se da con el desconocimiento de obligaciones contrac- tuales que regulan muchas de las activida- des comerciales. Por eso es posible garanti- zar, mediante la adquisición de un seguro de responsabilidad civil, que las consecuencias de un contrato serán las previstas en él. Según explica Isaza (2006), las consecuen- cias patrimoniales o económicas que resul- tan tanto de la responsabilidad contractual como de la extracontractual, se convierten en un riesgo perfectamente asegurable que se puede trasladar, total o parcialmente, a la entidad o compañía que la asegura. En la le- gislación colombiana se ha conocido y regu- lado como seguro de responsabilidad. El Código de Comercio, en su título V (del contrato de seguro), capitulo II (seguros de daños), sección IV (seguro de responsabili- dad) artículos 1127 a 1133, concreta la res- ponsabilidad vigente en relación con este seguro, modificada y adicionada por la Ley 45 de 1990 en sus artículos 83 a 88. El artí- culo 84 de la mencionada Ley, que derogó y reemplazó el artículo 1127 del Código de Comercio, lo define así:
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Vista de La relación entre el capital y el objeto de la sociedad en el derecho argentino

Vista de La relación entre el capital y el objeto de la sociedad en el derecho argentino

En el año 2004, ese organismo reforzó su postura y dictó la resolu- ción general número 9/04 que modificó el artículo 18 de la resolución general número 6/80 y estableció que el objeto de la sociedad, como conjunto de actividades que se propone realizar el ente, debe ser único y su mención debe efectuarse en forma precisa y determinada, mediante la descripción concreta y específica de las actividades que contribuirán a su efectiva consecución, precisando luego que será admisible la inclusión de otras actividades (también descritas en forma precisa y determinada) únicamente si las mismas son conexas, accesorias o complementarias de las actividades que conducen al desarrollo del objeto social y que el conjunto de dichas actividades guarden razonable relación con el capital social.
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Vista de El amor a la profesión desde la perspectiva jurídica
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Vista de El amor a la profesión desde la perspectiva jurídica | Nuevo Derecho

o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofen- dan los derechos de la sociedad” (Constitu- ción Política, 1917, art. 5). Como ya se ha expresado, el derecho a la libertad de amar la profesión no es una libertad absoluta, sino que implica límites tanto éticos como jurí- dicos, como el autocuidado, propender por una autoestima profesional y el sostenimien- to y crecimiento de una imagen positiva y cargada de adjetivos positivos, cosa que im- plica evitar acciones u omisiones que pue- dan deteriorar su reputación, y, así mismo, las que pueden sostenerla o elevarla. Lo anterior, con referencia al respeto a sí mismo, pero respecto de los otros, además del contenido que lleva implícita la función social de la profesión como el de un trato respetuoso y leal, el Código de Ética profe- sional de Optometría de Colombia, Ley 650 de 2001, en el artículo primero sobre los principios generales, en el literal b), ofrece un elemento especial bajo la temática de esta investigación: dedicarse al paciente con amor.
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Vista de DERECHO AL ESPACIO PÚBLICO: UN DERECHO DE INTERÉS PÚBLICO. APROXIMACIONES Y RELACIÓN DESDE EL DERECHO COLOMBIANO
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Vista de DERECHO AL ESPACIO PÚBLICO: UN DERECHO DE INTERÉS PÚBLICO. APROXIMACIONES Y RELACIÓN DESDE EL DERECHO COLOMBIANO | Nuevo Derecho

En el proyecto de investigación Aplicabilidad de las disposiciones del Derecho Urbano en relación al territorio y al espacio en Colombia 2000 – 2007, se busca de forma general determinar la aplicabilidad que tienen el espacio y el territorio como categorías urbanas en el Derecho Urbano colombiano por parte de las autoridades judiciales y administrativas competentes dentro del periodo comprendido en los años 2000 a 2007. De manera específica se busca describir las variaciones que a nivel jurídico, jurisprudencial y doctrinario han tenido el espacio y el territorio como categorías urbanas del Derecho Urbano nacional; también definir conceptualmente las categorías urbanas de espacio y territorio como posibles figuras normativas del Derecho Urbano y el ordenamiento jurídico colombiano, las cuales intervienen como directrices en la ejecución de proyectos de transformación urbana y son objeto de conocimiento del poder judicial y administrativo en sus trámites y litigios; y finalmente, identificar las fuentes de problematización abarcadas por dichas autoridades competentes que dan lugar a la aplicabilidad de las categorías urbanas de espacio y territorio en Colombia dentro del Derecho Urbano, todo como se mencionó, en el periodo 2000 – 2007.
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Vista de Análisis del administrador social: teoría del vínculo y relación con la sociedad

Vista de Análisis del administrador social: teoría del vínculo y relación con la sociedad

Para refutar este argumento, debemos realizar una interpretación finalista del art. 249 LSC y recordar el fundamento contractual del cargo de administrador sometido a las leyes mercantiles y civiles: si seguimos consideran- do que en el nuevo contrato ejecutivo puede aplicarse por analogía el RD 1382/1985 y por consiguiente, volver a la teoría del vinculo cu- yo resultado es la absorción del vinculo laboral por el cargo orgánico-societario que posee, el fin de la norma no se cumpliría y los proble- mas no se resolverían, ya que el objetivo de la norma es exponer de manera taxativa las con- diciones por las cuales un consejero delega- do/ejecutivo puede ser retribuido correctamen- te sin incurrir en fraude de ley e incompetencia de jurisdicciones, agilizando los procesos judi- ciales; es por ello que debemos encuadrar es- te nuevo contrato como figura totalmente au- tónoma y separada del derecho laboral, e in- corporarla a la jurisdicción civil-mercantil.
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Vista de La Empresa Unipersonal y la llamada Sociedad Unipersonal
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Vista de La Empresa Unipersonal y la llamada Sociedad Unipersonal | Nuevo Derecho

No obstante lo anterior, las tendencias mo- dernistas del régimen social, atendidas las realidades económicas que en su dinámica desbordan así la rigidez normativa, han que- rido imprimir a la unipersonalidad su propia impronta jurídica, pero desde otra perspecti- va, vale decir: de la llamada empresa uniper- sonal ab initio, luego, de la llamada sociedad unipersonal, creada en Colombia, según al- gunos, por la Ley 1014 de 2006 —nominada de fomento a la cultura del emprendimien- to— o “sociedad de pequeñas dimensiones” (Reyes, 2009, p. 51) y más recientemente, de la sociedad por acciones simplificada, a cuya normativa debió acogerse perentoria- mente la anterior; todas ellas con persona- lidad jurídica de un solo constituyente, sea desde su constitución misma, o bien, como una posibilidad al alcance de quien optare por asumir, para el desempeño de su activi- dad empresarial, una de esas categorías. Cabe precisar, empero, la relación un tan- to simplista que sobre el punto se viene de anotar, el que en la práctica y para los efec- tos a que se contrae el inciso 2º.- del artículo 46 de la ley 1258 de 2008 3 , del siguiente
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Vista de Reformulando la sociología  jurídica: transformaciones del  derecho en la mundialización y nueva ciudadanía

Vista de Reformulando la sociología jurídica: transformaciones del derecho en la mundialización y nueva ciudadanía

de ellos lo formulará en términos distintos: Vilfredo Pareto (1848-1923), en su Tratado de sociología ge- neral (1916), establece que la acción social deriva de lo que llama “los residuos”. Por residuos entiende la manifestación observable de los instintos y los sentimientos del individuo. Lo fundamental es, por tanto, la noción de instinto. Pareto distingue seis clases de residuos: 1) combinaciones, 2) persistencia de los agregados, 3) necesidad de manifestar los sentimientos por actos externos, 4) residuos en relación con la sociabilidad, 5) integridad del individuo y sus dependencias, y 6) residuo sexual. La explicación de las clases sociales y la interpretación de sus propiedades se desprenden directamente de esta definición previa de residuos e instintos. A partir de la similitud o diferencias en la distribución de los residuos entre los diferentes individuos, principalmente, de sus residuos de combinaciones (tendencia a la innovación, a la iniciativa, a la actividad) y los residuos de persistencia de agregados (tendencia al conservadurismo, a la inercia, a la pasividad), Pareto los agrupa en diferentes clases sociales desiguales. Éste se aferra a dos criterios que permiten distinguir dos tipos de clase: primero, en la esfera política, los gobernantes y los gobernados, y luego, en la esfera económica, los rentistas y los especuladores (V. Pareto, Escritos sociológicos, Alianza Universidad, Madrid, 1987). A la vez, para Joseph Schumpeter (1883-1950), la acción social se determina en función de las aptitudes. Las clases en su conjunto se distinguen unas de otras por las diferencias de aptitudes que existen entre sus miembros, aptitudes relativas al ejercicio de las tareas necesarias para el funcionamiento de la sociedad. En Imperialismo. Clases sociales, escribe: “El fundamento último sobre el que se apoya el fenómeno de las clases es la diferencia en la aptitud de los individuos. No se trata de diferencias en sentido absoluto, sino
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Naturaleza jurídica del derecho disciplinario de los servidores públicos en Colombia

Naturaleza jurídica del derecho disciplinario de los servidores públicos en Colombia

A partir de la revolución Norteamericana y Francesa se empieza a desplegar toda una serie de derechos intrínsecos al hombre, pues era inaudito que solo una familia se arrogara el derecho a determinar el discurrir de toda la sociedad, incluso atropellando los derechos personales de los demás. Con la declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano hay un despertar de la humanidad y un cuestionamiento para quienes ostentaban el poder, pues las personas ya no se comen el cuento de la obediencia por orden divino, hay un “petitum” hacia la administración de bienestar, de servicios, de respeto y un mejor vivir con dignidad; hay ganas de educación, de salud, de trabajo y de progreso; se habla de libertad, de autodeterminación y por consiguiente de igualdad; pero sobre todo, de fraternidad entre los hombres y entre éstos y el Estado, pues así como las personas deben contribuir para sostener el Estado, éste debe prodigarles bienes y servicios de calidad. Entonces, la administración no puede tener una relación de medio con sus asociados, sino de resultado, pues del ejercicio desplegado por quien tiene el mando, depende el progreso de la nación.
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Vista de Desarrollo sostenible y el agua como derecho en Colombia

Vista de Desarrollo sostenible y el agua como derecho en Colombia

El proyecto del Referendo, que ya hace curso en la Cámara de Representantes, contempla la organización de comunidades como operadoras del servicio, bajo la supervisión del Estado colombiano; pero más allá de quien ofrezca el servicio —sea el sector público o privado— el verdadero objeto de discusión está en que el recurso merece su propia agenda legislativa de manera ininterrumpida, en el que se otorguen herramientas a la política de Estado para la promo- ción y protección de las fuentes hídricas (entiéndase independiente de la política de gobierno). De igual forma, hacer especial énfasis en la articulación de procesos educativos donde el ciudadano adquiera una visión más amplia sobre el valor de la protección al recurso, concienciándolo en su uso razonable; tema neurálgico, pues más allá del otorgamiento de cierta cantidad del líquido dentro de una determinada periodicidad, son necesarias la corresponsabilidad y la gestión conjunta del Estado (ciudadanos, gobierno, academia y empresa privada), donde se encuentre bajo el amparo del derecho fundamental al agua, junto con el deber de protegerlo, para la gestión democrática de toda la sociedad.
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Vista de Colombia: un país en construcción
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Vista de Colombia: un país en construcción | Nuevo Derecho

Recapitulando, los efectos contradictorios generados por el narcotráfico en una sociedad con doble moral que reprocha gestores y consumidores de las distintas clases de estupefacientes, y de otro lado, permite el acceso a todos los espacios públicos de dichos agentes, fruto de las transacciones económicas o por favores políticos. Terminando el s. XX y comenzando el s. XXI, Colombia seguía siendo un país de paradojas y contradicciones experimentando altibajos políticos y especialmente, en el comportamiento de la economía nacional. A la euforia que acompañó la expedición de una nueva Carta constitucional en 1991, que declaraba una revolución social al reconocer principios de avanzada como el respeto por la dignidad humana, la pluridad étnica y la creación del Tribunal Constitucional, siguió la profunda crisis política desatada por la filtración de dineros del narcotráfico en el proceso electoral de 1994, antes enunciado en el apartado
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Vista de Dinámicas de relación sociedad-Estado en la educación en Veracruz, México

Vista de Dinámicas de relación sociedad-Estado en la educación en Veracruz, México

En relación con la discusión más general, cabe discutir si la propuesta de identificar a la participación ciudadana como un patrón de relación sociedad- Estado permite valorar la capacidad de estos dispositivos para cumplir con las expectativas que de ellos se tiene. En efecto, una discusión constante en los aná- lisis sobre estos dispositivos tiene que ver con sus efectos en diversas áreas: inno- vación democrática, capacidad de incidencia o ampliación del espacio público, generación de políticas redistributivas, etc. Es en estos procesos donde diversos analistas advierten del riesgo que implica sobrecargar de expectativas tanto a los propios dispositivos participativos (Font, 2015) como a las capacidades de los ciudadanos y sus organizaciones para incidir en lo público por medio de estos dispositivos (Leiras, 2007). De esta forma, al definir las relaciones de participación reglamentada como una forma, de hecho no protagónica, de relación sociedad- gobierno, que coexiste con otras dinámicas de mayor estabilidad y legitimidad social en el tiempo, permite ajustar las expectativas sobre las potencialidades de esos dispositivos como instrumentos de cambio o transformación social y situarlos en una dimensión menos normativa. Como muestran los resultados, el derecho a incidir en el espacio público para el caso de la educación en Veracruz en el periodo analizado estuvo acotado y limitado según los términos que el propio gobierno dispuso, dando preferencia a la generación de relaciones particularis- tas, y por tanto, limitando a los ciudadanos a ser gobernados, en el sentido de Chatterjee (2008), y alejándose así de la retórica participacionista, y mostrando en la práctica los límites de esta retórica para el fortalecimiento democrático.
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Relación jurídica y situación jurídica

Relación jurídica y situación jurídica

No obstante, algún autor como el profesor Santamaría Pastor introduce un tertium genus al que denomina situaciones mixtas y complejas. En él incluye a los poderes funcionales como situaciones en las que se mezclan simultáneamente poderes y deberes de una persona (ejms. derecho y deber de defender a España, derecho y deber de cursar la Enseñanza Básica), y al status como situación compleja de derechos, potestades, obligaciones..., considerada en función de un rol social o jurídico de la persona (ejm. status de español o extranjero, status de funcionario, status de concesionario, etc). Vid. Principios de Derecho Administrativo, 1994, pp. 368-70. Por su parte, los profesores E. García de Enterría y T.R. Fernández, aun agrupando a las situaciones jurídicas en activas y pasivas, también sañalan que podemos encontrarnos con "situaciones intermedias" que implican a la vez poderes y deberes para una misma persona (vid. Curso de Derecho Administrativo, Vol. II, edi. de 2000, reimpr. de 2001, p. 29).
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Vista de El derecho disciplinario frente a la interceptación de comunicaciones en Colombia
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Vista de El derecho disciplinario frente a la interceptación de comunicaciones en Colombia | Nuevo Derecho

judicial que adopte la medida, esto es, explicación razonable y razonada que LWUVKſECPGPGNGXGPVQEQPETGVQGNUCETK- ſEKQ FGN FGTGEJQ .C OQVKXCEKÎP FGDG fundarse en la existencia de indicios de la comisión del delito, más allá de las UQURGEJCU Q EQPLGVWTCU ,WUVKſECEKÎP Fáctica), y en la debida ponderación del caso, a la luz del Principio de propor- cionalidad (Juicio Jurídico), lo que com- prende sólo las medidas que persigan WP ſP EQPUVKVWEKQPCNOGPVG NGIÈVKOQ [ resulten además necesarias, en cuanto no pueda acudirse a otro medio de in- vestigación de menor incidencia para los derechos y libertades individuales; y proporcionales en sentido estricto, pues la restricción del derecho puede acordarse únicamente cuando se trate de investigar delitos graves, aspectos que más adelante serán explicados en detalle. A la luz de la doctrina Consti- tucional queda claro que la motivación resulta esencial, pues representa el ve- hículo que permite conocer las razones de la decisión judicial, y brinda la posi- bilidad, por tanto, de ejercer cabalmente el derecho de contradicción frente a la misma, como garantía de los sujetos in- vestigados.
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Vista de La expresión pictórica religiosa y la sociedad colonial
							| Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas

Vista de La expresión pictórica religiosa y la sociedad colonial | Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas

Tan pro- funda diferencia de calidad entre estas pinturas y su total aceptación, como dignas representantes del mismo santo dominico, recuerdan el siguiente con- cepto tomist[r]

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Vista de EL ERROR DEL OPERADOR JUDICIAL EN COLOMBIA
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Vista de EL ERROR DEL OPERADOR JUDICIAL EN COLOMBIA | Nuevo Derecho

La interpretación del derecho es llevada a la doctrina cuando teóricamente se estudia el problema de aplicación de la norma, y su validez radica en la postura crítica y orien- tadora de cara a los fallos judiciales, pues estos al ser un acto hermenéutico se encuen- tran impregnados de aspectos subjetivos y valorativos por parte del operador jurídico, quien a su vez pretende que su decisión sea jurídicamente correcta y socialmente acep- tada, por lo que esta debe ceñirse a unos límites racionales. Todo acto interpretativo debe ajustarse a la limitación jurídica —normativa—, y no se debe olvidar el significado primitivo o genuino de la norma (el concepto jurídico), dado que la solución más justa no es la del intérprete, sino la más adecuada a los valores sociales, pues toda interpreta- ción debe estar argumentada lógicamente (Acosta, 2001). Si la ley es razonable, justa y clara, si la actividad interpretativa es meramente reproductiva y no creativa y si la aplica- ción se limita a una simple operación lógico-matemática en la que no cabe ningún tipo de intromisión de aspectos subjetivos del juez, entonces deberíamos compartir la posi- ción de Bulyngin (2010) sin discurrir demasiado sobre el asunto. Pues conociendo las normas jurídicas se podría prever toda decisión judicial o, lo que es lo mismo, predecir la providencia a la que habría lugar, lo que proporcionaría un alto grado de seguridad jurí- dica en cuanto a la certeza y previsibilidad de las providencias judiciales. No obstante, el contenido lingüístico de las normas las somete a los mismos problemas de los que adolece el lenguaje humano, como la vaguedad, la contradicción, la inexactitud, etc. En efecto, el panorama que rige al derecho como tal y a la aplicación de las normas, es aquel en el que no es pacífica y unánime la interpretación normativa, por lo que no se le pude endilgar firmeza a la generalidad de los autos; en otras palabras, es lógico pensar en la existencia de autos irregulares debido a una inadecuada interpretación por parte del juez de la causa (Martínez y Fernández, 1994).
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Vista de La dimensión cuantitativa de la cláusula del estado social de derecho de Colombia

Vista de La dimensión cuantitativa de la cláusula del estado social de derecho de Colombia

Así mismo, es importante poner de presente cómo el Banco de la República, al ser autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, ser banco central y detentar como finalidad principal la de velar por el mantenimiento del poder adquisitivo de la moneda, es sin lugar a dudas otro instrumento de regulación económica en Colombia. Finalmente, ya para concluir esta breve panorámica de los princi- pales mecanismos de regulación económica en cabeza del Estado, es bueno remarcar el papel desarrollado desde 1991 por la justicia constitucional, ya que ciertas tendencias jurisprudenciales de di- cha jurisdicción han convertido a algunos fallos en verdaderos ins- trumentos de dirección económica. Al respecto, sólo para dar un ejemplo de lo dicho, pueden estudiarse providencias como las con- cernientes a la Unidad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC), o a la ponderación del salario mínimo de los trabajadores, para en- tender cómo algunos pronunciamientos de la Corte Constitucio- nal han creado en algunas oportunidades derroteros para la dirección de la economía nacional.
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Naturaleza jurídica de la libertad de expresión y el derecho a la información en la sociedad democrática

Naturaleza jurídica de la libertad de expresión y el derecho a la información en la sociedad democrática

y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fron- teras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la libertad de expresión tiene un al- cance especial cuando se restringe ilegalmente destacando dos dimensio- nes, una individual que alude al derecho que tiene cada individuo de mani- festar informaciones e ideas por cualquier medio apropiado para su difu- sión, y una social, que hace referencia al derecho que tiene la colectividad de recibir la información y conocer la expresión de pensamiento ajeno (Eguiguren Praeli, 2012, pp. 88 y 89). Toda sociedad democrática debe ga- rantizar la libertad de expresión y de pensamiento, lo que exige a los órga- nos públicos, el máximo compromiso para adelantar las reformas institu- cionales. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Huma- nos encuentra varios casos de Estados que han incumplido la obligación de respetar la libertad de pensamiento (Arcila Cano, 2011, p. 113), lo que ha motivado toda una actuación para consolidar la libertad de expresión como derecho.
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El grado de Derecho de la UOC: una apuesta por la formación jurídica en la sociedad de la información

El grado de Derecho de la UOC: una apuesta por la formación jurídica en la sociedad de la información

A partir del perfil de formación definido teniendo en cuenta los elementos expuestos anteriormente, y particularmente el perfil de los estudiantes de Derecho de la UOC, se han determinado las competencias. Al respecto no puede olvi- darse la importancia de las competencias como instru- mento necesario para poder hacer frente a los retos y desafíos que tienen por delante las sociedades actuales. Es decir, la necesidad de centrar los procesos de aprendizaje en la adquisición de las competencias a fin de poder resol- ver con éxito los objetivos que como sociedad tenemos en entornos caracterizados por su complejidad y diversidad. En la definición de las competencias asignadas al grado de Derecho, se ha tenido especialmente en cuenta la pro- puesta realizada por el libro blanco del Título de Grado en Derecho que, en este punto, sigue de cerca los resultados del Proyecto Tunning.
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Vista de Un ejemplo de romance de relación en México
							| Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas

Vista de Un ejemplo de romance de relación en México | Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas

La forma literaria de algunas de nuestras Relaciones creo que derive de las Décimas Espinelas que la poesía española aceptó desde fines del siglo XVI; re~ibida [r]

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